I
Publicado: 2021-02-15
Pasar de la indignación a la acción ha sido la motivación de muchos de los candidatos que intentarán ser parte del Congreso desde el mes de julio. Roberto Rodríguez Rabanal, sociólogo, gestor público y ahora candidato al Congreso como parte de Juntos por el Perú, es uno de ellos y busca ser parte de la solución a la crisis de representación que atraviesa la política peruana.
- ¿Qué lo llevó a involucrarse en política?
- En primero lugar, que hay una fuerte crisis de representación en los poderes públicos y, habiendo tenido una importante experiencia tanto en el plano de la formación académica y profesional como en la gestión pública y la propia política desde la ciudadanía, consideré que no podía ponerme al margen y había que pasar de la indignación a la acción. Eso significa incorporarse a una propuesta política y participar a través de una elección primaria y luego en la lista final.
- En las elecciones de 2020, se cuestionó la posibilidad de una alianza de izquierda que incluya a un personajes conservador como Vladimir Cerrón, ¿Juntos por el Perú es una alternativa progresista o hay lugar para el conservadurismo?
- Primero, nunca hubo una alianza con Perú Libre de Cerrón. Es algo que se afirma y no tiene asidero. Segundo, el señor Cerrón anunció una alianza con Democracia Directa. En esta última etapa se ha planteado una convocatoria amplia que incluye fuerzas de izquierda, progresistas, nacionalistas, ambientalistas y otros. No encuentro en nuestras filas expresión de lo que podría ser conservadurismo.
- ¿Por qué es necesaria una nueva constitución?
- Este tema viene siendo planteado hace muchos años. A raíz de las movilizaciones de los últimos meses del año pasado, principalmente la del mes de noviembre que lideró la juventud del bicentenario haciéndole frente al gobierno golpista de Manuel Merino , Ántero Flores Araoz y los 105 congresistas, es que este planteamiento empieza a asumir fuerza en cuanto a aceptación y, por otro lado, permite profundizar ya que quedaron expuestas varias cosas como el que más de 20 años de crecimiento económico continuo no dieron lugar a sistemas sociales sólidos.
- ¿Por qué una nueva constitución y no solo reformas a la actual?
- Porque la Constitución no hay que verla como capítulos o artículos cuales compartimentos estancos. Hay que analizarla en su lógica y enfoque general. La concepción que se expresa en la constitución fujimorista la resumo de la siguiente manera: en economía está a favor de monopolios, oligopolios y grupos de poder en desmedro de la micro y pequeño empresa. Eso no es un matiz, eso implica un cambio de orientación de conjunto. En el plano de los derechos, plantea el tema de los derechos declarativamente, pero si uno revisa capítulo por capítulo y todo lo que ha venido luego al amparo de la constitución expresado en leyes lleva a negar derechos humanos fundamentales, como la educación y la salud, que se han convertido en servicios cuando no en mercancías. La educación y salud no pueden ser una mercancía. No se trata de eliminar el 100% de los artículos de la actual constitución. Hay varios rescatables, pero el tema es el enfoque general y cómo se expresa.
- Roberto Sanchez, candidato de Juntos por el Perú, planteó que no haya exámenes de admisión ya que la educación es un derecho, ¿está de acuerdo con esta propuesta?
- En el plan de gobierno de Juntos por el Perú no se plantea eso. El sentido de la educación como un derecho humano fundamental implica que sea un derecho y no un servicio o una mercancía, que se priorice la educación pública y eso se exprese a todo nivel regulando la educación privada. En el otro plano, tiene que darse una reforma educativa integral que incluya el tema de la currícula que el ministerio de educación la formule teniendo en cuenta la diversidad.
- ¿Qué propondrían para los miles de jóvenes que no logran ingresar a las universidades públicas?
- Hay que mirarlo por otro lado. Tiene que plantearse un enfoque general y luego ir especificando. En el caso de San Marcos o cualquier otra universidad pública esto implica un mayor presupuesto orientado, entre otros aspectos, a la infraestructura educativa que sea estimulante para los catedráticos universitarios y eso implicaría un aumento de vacantes progresivo. Porque si ahora hay ingreso libre, ingresan veinte mil y no se tiene la base docente e infraestructura, se chocaría con la realidad. Lo vería como parte de un proceso pero no una cuestión inmediata.
- ¿Se podría considerar la creación de nuevas universidades públicas?
- Cuando se afirma que hay que fortalecer la educación pública, regular la educación privada y cortar por lo sano con la educación con fines de lucro, evidentemente se están considerando dos posibilidades: Las actuales universidades públicas como parte de un plan nacional de desarrollo que este articulado por macrorregiones y pueda abrir la cantidad de filiales suficientes o lo otro es en aquellos departamentos que sea necesario se crearán nuevas universidades públicas.
- Teniendo en cuenta que la Confiep se ha mostrado crítica con respecto a las propuestas de la izquierda, ¿cómo establecerían una saludable relación con el sector privado?
- El sector privado es el 100% de empresarios y la Confiep representa al uno por ciento. Me parece soberbio que la Confiep hable en nombre del empresariado. Hay que combinar dos aspectos: Un plan nacional de competitividad no como el actual que está pensado en reducir costos y cómo sacar trabajadores sino en incremento de la productividad que significa inversión para el desarrollo, innovación, ciencia y tecnología. El segundo punto es abrir la cancha a las distinta expresiones empresariales. Fui miembro titular del Acuerdo Nacional y, en mi condición de presidente del Consejo Nacional de Decanos de Colegios Profesionales, me llamó la atención que estuviesen representados la Confiep y la Sociedad Nacional de Industrias y, las veces se discutía cómo promover la pequeña y micro empresa, la Confiep hablaba en nombre de ellos. Querían hacer paternalismo para jalar agua para su molino. Pero, como ha dicho Verónika Mendoza, nuestro plan va a ser pro inversión entendido como reinversión de capital productivo y no que lo manden a sus paraísos fiscales.
- ¿Considerarían realizar un referéndum en las zonas donde se quieren realizar proyectos mineros?
- Lo primero es que las empresas, cuando tienen una iniciativa de proyecto, deberían presentar sus proyectos de conjunto y no a cuentagotas, como suelen hacerlo. Presentan una parte y luego incorporan esto y lo otro y, cuando van a la parte de contratos, están las famosas adendas y negociados. Segundo, los proyectos tienen de ubicarse dentro de los planes de desarrollo local y regional, no es que la localidad, el departamento o región se va a supeditar al proyecto minero. Tercero está el dialogo con la población buscando consensos. Si no hay, se podrá ver mecanismos como referéndum u otros, pero evitemos llegar a eso. Pero lo que pasa es que las empresas quieren evitar todo tipo de consultas y compran gobernantes regionales y dirigentes. La Southern es un ejemplo de ello. Probablemente, en el Valle del Tambo, si la empresa que planteaba Tía María era otra, la reacción de los pobladores hubiese sido otra.
- Entonces, ¿habría convivencia con la minería en un gobierno de izquierda?
- Pero primero un plan económico de diversificación productiva en la cual coexistan y convivan los sectores de la agricultura, minería, petróleo, agroindustria y turismo. Pero eso implica dos cosas: Un plan nacional de ordenamiento territorial que, lamentablemente, aquellos que endiosan el mercado no quieren. Esos planes existen en cualquier país neoliberal europeo. Segundo, lo que significa la zonificación ecológica y económica , esta parte para agricultura, para minería y que no se crucen. Deben tener sus zonas para desarrollarse. Lo que no pueden hacer, por ejemplo, es meterse en la cabeceras de cuenca de los ríos. El tema es minería sí pero no contaminante ni atropelladora. Es necesaria como parte de la economía del país. Pero además con una precisión histórica, la frase Perú país minero es para justificar la prepotencia de los grupos de poder. Perú no es un país minero sino un país diverso.
- Ante la crisis económica que ha generado la pandemia, varios países del mundo y de la región, como es el caso de Argentina, han considerado el impuesto a las grandes fortunas, ¿es una medida que aplicarían?
- No solo Argentina lo aprobó, también lo hizo Bolivia y Colombia. Señalo esos tres países porque la orientación política de sus gobiernos es diferente. Ivan Duque, presidente de Colombia, es el más conservador junto con Bolsonaro y han aplicado el impuesto a la riqueza considerando la situación de emergencia. Nosotros en Juntos por el Perú lo propusimos y la Confiep salió a meter miedo diciendo que era un impuesto a las clases medias. Hay treinta personas como cabezas de grupos de poder económico que concentran cerca de 25 mil millones de dólares. Principalmente los impuestos irían a ellos y a quienes tienen fortunas a partir de 20 o 50 millones. Eso afectaría al menos del 1% de la población.
- En las últimas semanas se especuló con la posibilidad de permitirle al sector privado importar vacunas, ¿estaría a favor de esa propuesta?
- La salud es un derecho humano fundamental. El Estado debe liderar ese proceso. Las vacunas han sido compradas por el Estado. El tema de la vacuna no es un negocio, debe ser universal, gratuita y considerada un bien común. Si el sector privado desea colaborar, puede hacerlo logísticamente. Ese puede ser su aporte patriótico y que no piensen en cada cosa para encontrar el lucro desmedido.
- ¿Fue útil el apoyo del sector privado a través del Comando Vacuna?
- Tuvo a uno de sus miembros, el señor Neuhaus, que lanzó una campaña sobre que no debía haber vacuna china o rusa. Estaba más preocupado por la característica de cada gobierno. Sus prejuicios hicieron que se demoren las gestiones. Llegaron a señalar que en la primera etapa se habían reunido una sola vez con el ministro de salud y, en la segunda, ninguna. Puede aportar mucho más el sector privado, pero tienen que dejar sus prejuicios.
- ¿Cuál es su postura con respecto al matrimonio igualitario que la comunidad LGTBI viene reclamando hace años?
- Ha sido incorporado al programa. Hay una lucha fundamental por justicia social contra la desigualdad e inclusión social. Ahí ese tema está incorporado.
- ¿Apoyarían el pedido por el aborto legal, seguro y gratuito?
- Estamos apoyando esa iniciativa y la hemos incorporado. Justamente al plantearse que sea legal, gratuito y seguro estamos buscando construir una política pública que evite esas situaciones terribles que se producen con los abortos clandestinos.
- En el tema educación, ¿incluirían la educación sexual integral?
- Forma parte del plan de educación. Se debería preparar a los docentes en su enseñanza. Es fundamental. Además, la cifra del embarazos adolescentes es alta y eso se debe a la falta de educación sexual. Estoy convencido que, con una educación sexual masiva, el embarazo adolescente disminuiría.
- Hace una semanas, los medios presentaron el caso de Ana Estrada, una mujer que pide por el derecho a una muerte digna, ¿está a favor de la eutanasia?
- Me sacudió escuchar a Ana Estrada en televisión y, después de haberla escuchado y sus vivencias, estoy de acuerdo en los casos en que haya un pedido expreso se de curso a ese pedido. El mensaje de ella fue: soy una muerta en vida y no quiero seguir sufriendo.
