Cuando se empezó a apreciar la pandemia en toda su magnitud, una de las formas de referirse a ella fue como una enfermedad que no conocía barreras sociales o económicas. Por supuesto abundaban razones para realizar este tipo de afirmaciones. El millonario y el famoso eran tan vulnerables ante el Coronavirus como el trabajador informal y el ciudadano que duerme en las calles. Ante este panorama era inevitable creer que, si algo se podía rescatar de esta pandemia, era la posibilidad de visibilizar a la población olvidada a la que las nuevas y potenciadas ideologías políticas y económicas buscan dejar de lado utilizando términos rebuscados que en el fondo no son otra cosa que un parafraseo del famoso “son pobres porque quieren”.

Si bien, en un primer momento parecía que los grupos de poder y las clases acaudaladas habían tomado consciencia de ello, con el paso de las semanas, y pese a que la propagación del Covid-19 se agravó, su postura cambió. Esto se pudo observar cuando la Confiep le solicitó al Ejecutivo que avale la suspensión perfecta supuestamente para salvar de la quiebra a las pymes, pero terminó siendo utilizada por empresas como la minera Cerro Verde y la constructora Graña y Montero. Aunque en una entrevista en Canal N, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, señaló que se supervisará a las empresas que han solicitado la suspensión perfecta y que incluso podrían recibir duras sanciones aquellas que no lo necesiten realmente, es innegable el oportunismo de los sectores más acaudalados del empresariado nacional.

Esto llevó a que sea inevitable lo anunciado el día de ayer durante la conferencia presidencial cuando Martín Vizcarra pidió que el Legislativo otorgue facultades en materia financiera y tributaria. Como era previsible ante la posibilidad de un impuesto a las grandes riquezas, el empresariado y sus allegados no tardaron en alzar la voz, señalar al gobierno como comunista y posicionarse en un lugar de víctimas mostrando una vez más una profunda indolencia hacia los peruanos que ven diluirse sus ahorros ante la necesidad de sobrevivir a una cuarentena que, por ahora, llegará a los dos meses y que son aquellos que están padeciendo la cara más dura de esta pandemia.

Además, basta observar la forma en que otros países están enfrentando al Coronavirus para entender que pedir solidaridad a los sectores más acaudalados y brindar planes sociales no tiene que ver con una ideología política sino con una necesidad de extrema urgencia. En las últimas semanas se ha visto a Estados Unidos, un país entregado al capitalismo y con un mandatario empresario que ha desarrollado una desmedida fobia a todo lo relacionado al socialismo, optando por la entrega de bonos a más de 165 millones de personas para que puedan afrontar la dificultades económicas que la pandemia ha generado.

Las políticas económicas en el Perú han sido, durante décadas, muy amigables con el sector privado en una desesperada búsqueda por seducir a empresarios e inversores. Lamentablemente, el exceso de amabilidad ha llevado a que este sector se sienta intocable y crea que el Estado tiene la obligación de defenderlos a ellos y no al resto de peruanos con un patrimonio económico considerablemente menor.

Es evidente que la reflexión y autocrítica de las clases altas apenas duró los primeros días de la cuarentena y, a la fecha, hace falta de un Estado presente y fuerte. No solo para darle contención a los millones de peruanos que necesitan de bonos porque su economía dependía del día a día y de lo contrario no podrán centrarse únicamente en cumplir la cuarentena resguardando su salud, también pensando en un futuro sin la falencias que en estas semanas se han hecho visibles en educación y salud, sectores muy descuidados a los que el libre mercado nunca pudo mejorar hacerlos accesible y de calidad para la mayoría de peruanos. Más que un impuesto a la riqueza será un impuesto a la miseria de quienes pretenden que la vida de algunos peruanos valga más que la del resto.