Las declaraciones de Tomás Gálvez, fiscal supremo, causaron conmoción este fin de semana. Durante una entrevista en el canal del Estado, Gálvez intentó defender al fujimorismo y afirmó que si un empresario le da dinero a un político a cambio de ganar una licitación no es un delito. Como era de esperarse, las conductoras del programa cuestionaron al fiscal debido a que, hasta para el menos conocedor de leyes, ese es un claro caso de corrupción. Al verse atrapado, Gálvez reaccionó de forma altanera y fue grosero con las periodistas que además le preguntaron sobre sus vínculos con César Hinostroza. 

No obstante, esta decadente escena no es una excepción y reabre el debate sobre qué tan preparados están aquellos que hoy ocupan cargos que no son elegidos por el pueblo y, lo que es más preocupante, quién o quiénes son los responsables de ponerlos en esas posiciones y bajo qué intereses.

Semanas atras, cuando aún estaba pendiente la decisión del Tribunal Constitucional sobre la disolución del congreso, Ernesto Blume, expresidente del TC, apareció en un medio afirmando que Salvador Del Solar no podía ingresar al hemiciclo si no era invitado. Sin embargo, la Constitución señala claramente que el Primer ministro puede ingresar al parlamento cuando lo desee y de lo único que está prohibido es votar.

A ello se le suma el caso de Rafael Rey, quien fue designado como parte del directorio del BCR pese a no contar con ninguna preparación para el cargo y el reciente escándalo que involucra a Jaime De Althaus, quien fue nombrado parte del consejo consultivo de la Junta Nacional de Justicia pese a su evidente parcialidad y constantes acusaciones de dictadura.

Es urgente una revisión a los filtros para llegar a estos cargos. Porque no solo estamos viendo que puestos claves, como el de presidente del TC o fiscal supremo, han sido ocupados por personas que desconocen aspectos básicos que demanda el cargo que ostentan sino que cada vez que se han pronunciado ante los medios han hecho evidente su parcialidad en favor de los grupos involucrados en casos de corrupción.