Mientras la tensión entre la población y el gobierno no disminuye su intensidad en Chile, un nuevo conflicto ha surgido en el vecino país del sur. En esta oportunidad quienes alzaron su voz fueron los estudiantes de secundaria que se oponen a los exámenes de admisión y demandan que la educación superior sea accesible para todo aquel que esté interesado en seguir una carrera.

Así como en la actualidad muchos de nuestros políticos se han mostrado interesados en tomar precauciones y realizar cambios en el modelo socioeconómico con el propósito de evitar un levantamiento popular como el que se desató durante el gobierno de Sebastián Piñera, el tema educación no debería quedar atrás entre los puntos que el Perú debe intentar solucionar a corto plazo.

Las estadísticas que dejan los exámenes de admisión en el Perú no hacen otra cosa que exponer un gran déficit por parte del Estado para brindarle a los jóvenes la posibilidad de acceder a la educación universitaria. En 2018 el examen de admisión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tuvo 25 mil postulantes y las vacantes no llegaban a cinco mil.

Además, la opción de privatizar la educación ha empeorado el problema debido a que las universidades que ofrecen educación de calidad solo pueden ser pagadas por familias de la clase alta y una parte de la clase media dejando a los jóvenes de menos recursos condenados a una universidad mediocre o a desistir del sueño de tener una carrera profesional.

Al igual que en el caso chileno, los exámenes de admisión no son otra cosa que exámenes de exclusión. Si se quiere evitar que se desencadene una ola de protestas como la que se vive en Chile desde el año pasado, es necesario que la clase política busque un modelo de país basado en inclusión y accesibilidad para reemplazar el actual que está marcado por clasismo, discriminación e indolencia.