La verdad se abrirá paso, decían los apristas cuando su líder optó por quitarse la vida al tener a la justicia en la puerta de su casa. Finalmente ese deseo se cumplió y esta semana, gracias a la confesión de Luis Nava, se pudo confirmar que el gobierno de Alan García literalmente le abrió las puertas a la corrupción cuando recibía en Palacio de Gobierno a los emisarios de Odebrecht para concretar negociaciones ilícitas.

Quizá para algunos esto sea hacer leña del árbol caído, pero lo cierto es que en una época de renovación política es fundamental conocer qué senderos no debemos volver a transitar y, sin lugar a dudas, al que nos quieren conducir los apristas cómplices de García no es el ideal. Las loncheras llenas de billetes que le permitieron al aprismo hacer del Perú un recreo para la corrupción son un capítulo que no debemos repetir.

Por supuesto, los familiares y pareja de Alan García, atemorizados por la verdad expuesta, no tardaron en intentar explicar el origen de sus propiedades y el pago de sus estudios. Aunque, como era de esperarse, dejaron muchos vacíos a la hora de justificar su lujoso estilo de vida que hasta los llevó a vivir en el extranjero. Por ello, la información que brindó Nava también debe servir para que rastrear ese dinero y poner el práctica la extinción de dominio. Los bienes y cuentas que el expresidente aprista adquirió a costa de entregarle el país a la corrupción deben terminar en las arcas del estado a modo de compensación. Es totalmente injusto que sus descendientes puedan disfrutar de los millones que le costaron al Perú quedar manchado en uno de los capítulos más escandalosos en la historia de Sudamérica.