Aunque algunos desesperados excongresistas y sus politólogos aliados pretenden negarlo, la disolución del congreso es un hecho irreversible. Por lo tanto, la vida política del Perú continúa y, acorde a lo estipulado en la Constitución, tras el cierre del parlamento se ha convocado a elecciones que tendrían lugar el 26 de enero del próximo año. Es ahí cuando empieza la historia de terror de los miembros del congreso disuelto.

Por un lado, las posibilidades de los partidos tradicionales de sobrevivir a los comicios electorales del próximo año son prácticamente nulas debido a que si no se presentan o no superan el 5 % perderán la inscripción. Esto ha llevado a que muchos de los protagonistas de las más vergonzosas escenas que el hemiciclo ha presenciado durante los últimos tres años empiecen a buscar un nuevo refugio con la esperanza de seguir viviendo de la política. Claro que sus intentos por deslindarse de la alianza fujiaprista, como las declaraciones de Alejandra Aramayo diciendo que Fuerza Popular no está en manos sensatas o Yeni Vilcatoma buscando aliarse con Antauro Humala, están lejos de convencer a la población.

No obstante, el drama es mucho peor para aquellos excongresistas que tienen líos con la justicia. El 30 de octubre la tan cuestionada inmunidad parlamentaria perderá efecto y para noviembre tendrán que afrontar los procesos en su contra como cualquier ciudadano. Quizá por ello se pudo ver al día siguiente del cierre del Congreso a Roberto Vieira intentando salir del país o a Héctor Becerril, quien semanas atrás admitía sin vergüenza alguna ser investigado por pertenecer a organizaciones criminales, transfiriendo los bienes que declaró en su hoja de vida.

A estos exparlamentarios les espera un noviembre sin inmunidad ni futuro y, aunque algunos quieran dar a entender que esto es un golpe a los partidos políticos o persecución, lo que realmente están por experimentar son las consecuencias de su acciones.