Si en algo tuvo éxito la generación que acaparó los principales puestos en la política nacional durante las últimas décadas fue en convencer a los peruanos que cuando un político es corrupto el principal culpable es el ciudadano común. Esto les permitió a grupos, como el aprista y fujimorista, sobrevivir en la escena política pese a sus malos manejos. Claro que esto ocurrió a costa de la destrucción del autoestima colectivo de los peruanos que terminaron por encontrar justificable que quienes tengan poder económico o político estén por encima de la justicia o, por lo menos, tengan un trato preferencial.

Sin embargo, esta etapa de resignación y sentimientos autodestructivos podría haber llegado a su final debido al implacable trabajo que viene realizando la justicia peruana, a la que no le tiembla el pulso para pedir prisión preventiva para expresidentes como Pedro Pablo Kuczynski o empresarios multimillonarios como es el caso hermanos Graña.

Justamente son estos últimos quienes, atemorizados por la posibilidad de pisar una celda y alejarse de su costoso estilo de vida, prefirieron colaborar con las investigaciones y estarían próximos a brindar datos de políticos importantes involucrados en casos de corrupción. Esta inesperada situación o las recientes revelaciones con respecto al caso que involucra al exalcalde Luis Castañeda no habrían sido posibles de no ser por la firmeza de algunos fiscales y jueces.

Por supuesto no faltan quienes, acostumbrados a la antigua mecánica, consideren que la justicia está cometiendo abusos, persecución o hasta actos fascistas, pero lo cierto es que nunca el Perú estuvo tan cerca de ver a la justicia actuar sin antes mirar la cuenta bancaria o las influencias políticas de los investigados.