En el siglo pasado, debido a la poca información existente al respecto y las supersticiones de la época, no era extraño escuchar sobre la existencia de terapias de conversión para personas homosexuales. El paso de las décadas y la cantidad de estudios sobre sexualidad invitan a creer que la idea de poder cambiar la orientación sexual de una persona no tiene lugar en pleno siglo XXI y no es más que un triste episodio del pasado. Lamentablemente, el fanatismo religioso y la homofobia hacen que estas terapias, que califican como torturas, sigan teniendo lugar en nuestro país.

El acoso hacia hijos que son homosexuales ocurre en más hogares de los que se puede imaginar y la existencia de psicólogos con más ambición que ética hace que muchos padres opten por someter a sus hijos a terapias de conversión, las que causan terribles traumas a los pacientes. Al ser imposible inducir hacia una determinada orientación sexual, lo único que pueden lograr con estos tratamientos es que la víctima entre en una etapa de negación y pretenda ser heterosexual para satisfacer los prejuicios de sus familiares.

Esta semana, a raíz de un informe periodístico, la Defensoría del Pueblo se pronunció al respecto y pidió que colegios profesionales y la fiscalía intervengan para sancionar y ponerle fin a estas prácticas inhumanas.

Pero, como era de esperarse, los representantes de los conservadores no tardaron en alzar su voz para protestar y exigir que no se metan con la crianza de sus hijos, a quienes aparentemente ven como una propiedad. Es sobre este último punto que el Estado tiene que tomar medidas al respecto e informar de mejor manera. Los hijos no deben ser considerados como una propiedad sobre la que los padres pueden disponer sin que el Estado intervenga. Si quienes están a cargo de un menor ejercen violencia física o psicológica y ponen en riesgo la integridad del hijo o hija, el Estado debe tener el derecho a quitarles la tenencia para proteger el bienestar del menor de edad.