Tras conocerse las recientes declaraciones sobre el caso Odebrecht en que se admitió que se destinó un importante monto de dinero a la campaña presidencial de Keiko Fujimori, la defensa de la lideresa de Odebrecht ha señalado que se trata de un intento de obstaculizar a la justicia. Del mismo modo, los partidarios de Fuerza Popular ham señalado que las declaraciones de Barata son falsas.

Si bien no se puede esperar que el fujimorismo admita sus errores, que en estos momentos califican como delitos, resulta difícil pasar por alto la incoherencia que muestran con respecto a su posición ante las revelaciones que llegan desde Brasil.

Cada vez que IDL informa sobre los aportes que recibió la exalcaldesa Susana Villarán o el expresidente Ollanta Humala, los fujimoristas son los primeros en citarlas para pedir que la justicia actúe. Todo ello sin poner en duda ni por un instante la veracidad de la información. Sin embargo, cuando se menciona al partido de Keiko Fujimori, a los apristas o a algún periodista que ha sido funcional a ellos, no tardan en afirmar que se trata de una persecución política.

Si el acuerdo de colaboración con Odebrecht es negativo para el país y todo forma parte de una persecución política, ¿por qué utilizan la información que involucra a sus antiguos opositores? Será la justicia quien determine la culpabilidad de cada uno pero el fujimorismo, por lo menos, debería mostrar algo de coherencia al momento de defenderse.