Con el proyecto Tía María en su punto más álgido, las autoridades y el ciudadano común se deben cuestionar si a lo largo de la historia el Perú se ha tenido la posición adecuada ante las exigencias de las mineras. Quienes defienden este proyecto sostienen que, además de los ingresos a la economía nacional y la posibilidad de atraer nuevos inversionistas en este sector, generará múltiples beneficios para las comunidades que viven en las zonas aledañas. Luego de tantos años como país que ha ofrecido tantas facilidades para que las mineras ejecuten sus proyectos, los beneficios y el desarrollo deberían estar a la vista.

Sin embargo, la realidad indica lo contrario y las protestas en las zonas de explotación siguen ocurriendo. Esto debido a que cuando se pone la minería en la balanza el resultado muestra que no hay un verdadero crecimiento para los habitantes y que los problemas generados son mayores. Este balance negativo empieza porque la promesa de miles de puestos de trabajo, como en el caso Tía María, es falsa debido a que esto únicamente ocurriría durante un poco más de un año y luego se reduciría drásticamente el número de contratos. Además, la lluvia ácida, contaminación de ríos y el daño a la agricultura de la zona terminan por sepultar la falsa promesa de prosperidad que los defensores de la minería repiten incansablemente.

La actitud complaciente ante los deseos de las mineras multimillonarias únicamente ha beneficiado a un sector previamente acaudalado y por ello es momento de replantearse la visión de nuestros gobernantes con respecto a la explotación de los recursos del Perú. En la búsqueda de satisfacer al mercado internacional no se debe comprometer la calidad de vida de los peruanos.