En los últimos días se ha conocido nueva información sobre el caso del expresidente brasilero, Lula Da Silva, que prueba la existencia de irregularidades en el proceso que lo llevó a la cárcel. Como era de esperarse, personas cercanas al fujimorismo no han tardado en vincular la situación de Lula con Keiko Fujimori y comparar el proceder del juez Moro con el trabajo de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela.

No obstante, la situación del expresidente de Brasil y la excandidata de Fuerza Popular son muy diferentes. Lo que ha puesto en duda la legalidad del proceso de Lula fueron las conversaciones entre Sergio Moro, quien era el juez del caso, y el fiscal Deltan Dallagnol. La evidencia entregada por una fuente anónima demuestra que Moro le daba indicaciones a Dallagnol sobre las fuentes que debía usar y le sugería un determinado orden de los procedimientos pese a que está prohibido que exista esta relación entre quien juzga y el acusador. Las suspicacias aumentan al tener en cuenta que, por su trabajo en el caso Lava Jato, Sergio Moro fue nombrado ministro de justicia por Jair Bolsonaro, quien fue el principal beneficiado con la ausencia de Lula en la lucha por la presidencia de Brasil.

Sin embargo, el caso de la lideresa del fujimorismo es muy distinto. Ni ella es Lula ni José Domingo Pérez es Dallagnol. La mejor prueba de ello es que la defensa de Jaime Yoshiyama logró apartar de las investigaciones al juez Richard Concepción Carhuancho alegando que no era imparcial. Además, uno de los encargados de ver el caso de Fujimori es Aldo Figueroa, quien se encuentra seriamente comprometido con la banda de Los cuellos blancos del puerto. Esto demuestra que la justicia en el Perú está muy lejos de actuar de forma parcializada como aparentemente sí ocurrió en Brasil. Por el contrario, con la cantidad de jueces vinculados con organizaciones criminales y el blindaje del congreso a personajes como Chávarry se puede decir que la justicia vive constantemente amenazada por el fujimorismo.