Una de las críticas más repetidas tras la presentación de la Cuestión de confianza ha sido sugerir que, mediante este recurso, el presidente Martín Vizcarra pretende manejar el país sin oposición. Esta sería una justificación totalmente válida de no ser porque en el Perú no tenemos grupos políticos que se puedan denominar como opositores.

Porque lo que hace el fujimorismo, junto a sus cómplices del Apra y la bancada de Sheput, está lejos de considerarse como oposición. Las disputas entre republicanos y demócratas en Estados Unidos o las diferencias entre macristas y kirchneristas en Argentina sí son verdaderos ejemplos de oposición debido a que sus desencuentros se deben a la visión que tiene cada grupo con respecto la las políticas económicas, sociales u otros aspectos que se relacionan con el bienestar de la población.

Sin embargo, en el Perú la mal llamada oposición no tiene ninguna propuesta para ayudar al desarrollo del país. Desde el 2016, el fujiaprismo se ha dedicado a criticar todo lo que el Ejecutivo propone, ejemplo de ello han sido los constantes golpes al sector educación, y no han presentado ningún plan alternativo ni han intentado mejorar la idea original del gobierno. En lugar de una oposición lo que hemos visto ha sido una irresponsable obstaculización.

Además, no conformes con ignorar propuestas que podían significar una gran oportunidad para el país, el Congreso se ha dedicado a usar su poder para blindar a quienes operaban en favor del fujimorismo y aprismo como es el caso de Pedro Chávarry o con la comisión Lava Jato que gastó más de seis millones e intentó ocultar la responsabilidad de Keiko Fujimori y Alan García en el caso.

En una situación ideal, la oposición es necesaria porque ayuda a mejorar lo que el presidente o ministros proponen y presenta nuevas ideas que buscan favorecer al país. Lamentablemente en el Perú eso no ocurre y es por ello que no se puede justificar el papel del fujiaprismo en el congreso diciendo que son una oposición necesaria. Necesitamos personas que tengan como prioridad el Perú y no la defensa de líderes políticos involucrados en casos de corrupción.