El lunes 13 de mayo quince regiones del Perú acataron el paro nacional agrario convocado por gremios del sector y que tiene como propósito que el gobierno escuche sus pedidos para fortalecer el sector agropecuario en un momento en que se ven perjudicados por la importaciones. No obstante, un sector de la política está tratando de criminalizar el derecho a protesta y pide represión por parte de las autoridades.

Claro que este tipo de manifestaciones generan caos en el transporte pero lamentablemente es la única forma en que el Estado le presta atención a los reclamos que en este caso provienen del sector agrario. Por ello, el intento de numerosos políticos y analistas de derecha por hacer ver a los paros y protestas como un delito y a los participantes como extorsionadores es una actitud represiva inaceptable que el gobierno no debe compartir.

Semanas atrás ocurrió lo mismo con el conflicto minero en Las Bambas. Con esto se evidencia la visión centralizada que la derecha peruana tiene de nuestro país, que considera a todo el territorio nacional, a excepción de Lima, como un almacén o tierra que debe ser explotada indiscriminadamente y que debe ser manejada únicamente en favor de las inversiones sin importar que se atropellen los derechos de quienes habitan en esas zonas.

Desafortunadamente el libre mercado y el estado mínimo que la derecha definde termina afectando tanto a quienes habitan las zonas mineras como a quienes trabajan en la agricultura. Esto es algo que los partidarios de ese modelo deben entender y que el gobierno debe tener en cuenta cuando se hacen pedidos como el de los agricultores durante el paro del lunes para que se tomen medidas que protejan la producción nacional. No se puede exponer a un país con tantas desigualdades a que estas se acentúen y encima pretender que se les impida a los peruanos manifestarse en contra de ello.